Desde el 23 de abril, en México está prohibido el outsourcing o subcontratación laboral. Sin importar el tamaño o giro de la empresa, esta reforma entró en vigencia para evitar abusos y violación de los derechos de trabajadores, así como la evasión en el reparto de utilidades e impuestos por parte de empresarios.
Además, esta ley define que las agencias empleadoras o intermediarios podrán participar en el proceso de reclutamiento, selección y capacitación de empleados, pero no serán considerados patrones, pues ese papel corresponderá únicamente a la empresa para la que la persona trabaja.
Con toda esta información, entonces: ¿qué tanto afectará a las PyMEs esta reforma? Definitivamente será de un alto impacto:la carga operativa, legal, fiscal y administrativa será únicamente absorbida por el patrón o el dueño del negocio.
Esto significa, de manera general, un desembolso de, aproximadamente, 13 mil 800 pesos mensuales para contratar a una persona que se haga cargo de la nómina, (contando el equipo, software e impuestos que implica hacerlo). Pero eso no es todo; los negocios tienen, además, tres meses para regularizarse.
Claro, existe la posibilidad de que el propio patrón asuma esta responsabilidad si el número de trabajadores es pequeño; sin embargo, si cuenta con una plantilla de numerosos colaboradores resulta difícil que pueda realizar esta tarea a la par de las otras actividades de la administración y operación del negocio. Para ser más claros: ahora, todo el registro de las personas que trabajan para él y de sus pagos correspondientes deberá contabilizarse desde la PyME.