Lic. Leslie Barrera Álvarez
Autora de Dofiscal Thomson Reuters
México ratificó recientemente el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento de gran trascendencia en materia de derechos laborales.
Un aspecto relevante de este convenio es que establece una definición clara de violencia y acoso, lo cual en conjunto con otras disposiciones, brinda un panorama más amplio para abordar y prevenir estas situaciones.
Sin embargo, más allá de ser un gran paso en materia laboral, este ordenamiento trae consigo diversas obligaciones e implicaciones, entre las que destacan:
Modificaciones legales: El Estado mexicano deberá armonizar la legislación nacional para contar con un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Además, deberán existir medios de inspección e investigación efectivos para atender esta problemática.
Acciones conjuntas: México en conjunto con los patrones y la sociedad deberá poner en marcha diversas medidas para prevenir el acoso y la violencia en el entorno laboral e identificar los sectores, ocupaciones y las modalidades en las que los trabajadores están más expuestos a la violencia y el acoso.
Obligaciones para los empleadores: Los países que suscriben este Convenio deben establecer en sus legislaciones obligaciones a los patrones para que estos:
Establezcan una política interna relacionada con el acoso y la violencia.
Identifiquen, prevengan y controlen los riesgos psicosociales asociados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Proporcionen a los trabajadores capacitación e información acerca de estos temas, así como de los derechos y responsabilidades en la aplicación de la política del centro laboral.
Finalmente, el Estado deberá garantizar que todas las personas tengan acceso a mecanismos adecuados para solucionar y reparar estos graves problemas. Además, este tendrá a su cargo la inclusión de estos temas en el desarrollo de las políticas nacionales de diversa índole.
La ratificación de este convenio trae consigo compromisos y obligaciones, no solo para el gobierno sino también para los empleadores, quienes jugarán un papel primordial en el cumplimiento adecuado de estas directrices.
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